POR LOS DERECHOS DE CIUDADANIA Y CONTRA LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO DE LAS MUJERES. COGE LA ANTORCHA

Manifiesto Plataforma 8 Marzo 2012

Ser hombre y ser mujer tiene significado en todas las culturas. En todas ellas existen diferencias en los roles y desigualdades de género que se traducen en un acceso desigual a los recursos y oportunidades sociales.

Mediante la educación diferencial  se intenta que las mujeres queden desposeídas de independencia, de autonomía, del derecho a la individualidad y del poder y se sitúan en la sociedad en condiciones de inferioridad; aún así son sabedoras de que es a través del empleo y la incorporación al mercado de trabajo la mejor vía de acceso a todo lo que se le intenta conculcar: a los derechos de ciudadanía, al poder individual, etc.; se convierte pues el empleo en un elemento básico corrector de las desigualdades.

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Las asociaciones de mujeres se 'levantan' ante la derogación de la Ley del Aborto

La plataforma ‘Mujeres en plural’ elabora un manifiesto y se reúne con los partidos

Belén Rico / Granada | Actualizado 02.03.2012 – 01:00


Las portavoces, Natividad Moreno, Mercedes Martín, Sofía Díaz, Mailo Sánchez y Asunción Pérez Cotarelo.

La intención de derogar la actual Ley del Aborto y de revisar la expedición sin receta de la píldora poscoital ha hecho saltar las alarmas de las asociaciones de mujeres que durante años han luchado para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Más de cincuenta asociaciones de toda la provincia han empezado ya a movilizarse ante las declaraciones del Ministro de Justicia y la Ministra de Sanidad y Consumo por lo que supondría un “retroceso” social de tres décadas.

Constituidas en la plataforma Mujeres en plural, antiguaComisión pro derecho al aborto de Granada, han elaborado un manifiesto para mostrar su rechazo a una versión “revisada” de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva que sólo contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en los tres famosos supuestos y que es la que la que estuvo vigente desde 1985 hasta la aprobación de la ley actual, en 2010.

Esto supondría, según reza en el manifiesto, que “el aborto volverá a ser un delito salvo supuesto y no una práctica sanitaria a la que se tiene derecho hasta las 14 semanas de gestación”.

La plataforma argumenta que la puesta en marcha de la ley en marzo de 2010 no ha supuesto un incremento del número de abortos, “que permanecen estables desde 2009”, lo que demuestra que “el número de embarazos no deseados no depende de cómo se regule la interrupción voluntaria del embarazo sino de las políticas de educación sexual y reproductiva, así como de las facilidades de acceso a los métodos anticonceptivos”.

Las portavoces de la plataforma señalaron ayer ante los medios de comunicación el contrasentido de que la edad de consentimiento vuelva a establecerse a los 18 años, por lo que ya no se podría abortar desde los 16 sin el consentimiento paterno mientras que “la Ley para la Autonomía del Paciente considera que la edad de consentimiento para otras prácticas clínicas, incluidas las que suponen un grave riesgo para la vida, es de 16 años”.

Además, en España está permitido casarse sin consentimiento judicial a partir de los 16 años y con consentimiento judicial a partir de los 14 años, con lo cual, podría ocurrir que una pareja de casados con 16 o 17 años necesiten el consentimiento de los progenitores para tomar esta decisión.

Sobre la píldora poscoital, señalan que dificultar el acceso a este medicamento “que es de emergencia, no un abortivo” puede suponer un incremento de los embarazos y de las interrupciones de los mismos y que en el último año lo utilizaron el 3,9% de las mujeres en edad reproductiva, por lo que “no parece que esas cifras precisen medidas extraordinarias”.

La plataforma manifestó ayer que su única defensa es la de “una maternidad y paternidad responsables” y que pedirán una entrevista con los partidos con representación parlamentaria, especialmente con el PP, para abordar este cambio legal “innecesario y lesivo para las mujeres”.

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RUEDA DE PRENSA "MUJERES EN PLURAL"

RUEDA DE PRENSA  1 de marzo. 10 horas Asociación de la Prensa.

Plataforma “Mujeres en Plural”

El Ministro de Justicia y la Ministra de Sanidad y Consumo han declarado en los medios de comunicación su intención de derogar la Ley  Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria,  para volver a una versión “revisada” de la despenalización parcial del aborto en tres supuestos, vigente desde 1985 hasta la aprobación de la ley actual. Así mismo, anuncian que la edad de consentimiento para la realización de una interrupción voluntaria del embarazo volvería a ser de 18 años.

La Plataforma “Mujeres, en plural”, antigua Comisión pro-derecho al aborto de Granada,  que tras la aprobación de la ley actual nos constituimos en Plataforma para velar por la aplicación de la ley, ampliando nuestros objetivos de acción a otros ámbitos relacionados con la igualdad y libertad de mujeres y hombres, frente a estas declaraciones        QUEREMOS MANIFESTAR:

Con respecto al cambio de regulación de la IVE: El aborto volverá a ser un delito salvo supuestos y no una práctica sanitaria a la que se tiene derecho hasta las 14 semanas de gestación.

  • De momento, es difícil calibrar el alcance de la reforma que se pretende ya que aún no han concretado su propuesta. Pero hay algo que parece seguro por las declaraciones realizadas, el aborto volverá a ser un delito salvo supuestos y no una práctica sanitaria a la que se tiene derecho hasta las 14 semanas de gestación y de nuevo, la edad de consentimiento exigida serán los 18 años.
  • Se trata de un cambio de ley anunciado a menos de dos años de aplicación de la ley, que supone un grave retroceso sin que por otra parte haya ninguna razón que lo justifique. La puesta en marcha de la ley en marzo de 2010 no ha supuesto un incremento del número de IVE que permanecen estables desde 2009. Y ha mostrado, una vez más, que el número de embarazos no deseados no depende de cómo se regule la IVE sino de las políticas de educación en salud sexual y reproductiva y de las facilidades de acceso a los métodos anticonceptivos. El cambio de regulación no supondrá un descenso en las cifras de IVE, no aportando por tanto “esa mayor protección a la vida en gestación” que le atribuye el Sr. Gallardón, en relación con la ley actual de plazos.
  • Por más que se empeñen el Sr. Gallardón y la Sra  Mato, no se puede proteger la vida en gestación al margen de la decisión de la mujer que lo alberga. Nos gusté o no, seguirá habiendo mujeres que abortarán de una u otra manera. Lo único que cambiará serán las condiciones en las que las mujeres acceden a esta prestación sanitaria. Las mujeres con recursos, posiblemente acudirán a países de nuestro entorno europeo, que en su inmensa mayoría tienen “leyes de plazos”[1] y lo regulan como un derecho dentro de un plazo determinado (¿acaso todos estos países desprotegen la vida en gestación?). En tanto, aumentará la posibilidad de acceso a prácticas inseguras y de riesgo, de aquellas que carezcan de medios. Conviene recordar que dentro del número total de abortos buena parte lo son de menores de 25 años y de inmigrantes.
  • La nueva regulación supondría volver a una versión empeorada de la despenalización parcial bajo supuestos, cuya puesta en práctica durante veinticinco años mostró graves problemas: inseguridad jurídica de mujeres y profesionales, puesta en cuestión de la capacidad de decisión de las parejas y de las mujeres, en última instancia, al depositar la capacidad de decidir en terceros (médicos y/o jueces) que serían los que decidirían si el caso concreto se ajusta o no a los supuestos de despenalización.
  • Hablar de vida en gestación es un asunto controvertido, siendo diversas y plurales las concepciones acerca de cuándo la vida en gestación debería ser considerada un “ser humano”. Imponer una visión sin tener en cuenta esa pluralidad niega derechos fundamentales a quienes no comparten esa posición moral. Recordamos que la existencia de la ley  no obliga a nadie a actuar en contra de sus convicciones.
  • Afirma el Sr Gallardón que ello se hace para adaptar la regulación del aborto a la Sentencia 53/85 del TC emitida para la regulación anterior y no para la ley actual,  aún pendiente de resolución del TC al igual que el cambio del código civil que permite el matrimonio igualitario de parejas del mismo sexo, ambas recurridas por el PP. No obstante, dicha sentencia afirma textualmente:  “En cuanto a la primera [indicación: riesgo para las salud física y psíquica de la madre], se plantea el conflicto entre el derecho a la vida de la madre y la protección de la vida del nasciturus. En este supuesto es de observar que si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida, lo que descartan también los recurrentes, aunque lo fundamenten de otra manera; por consiguiente, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre.” La ley de plazos también tiene en cuenta la  protección de la vida en gestación, pero lo hace en función de su desarrollo, sin que con ello se limite la decisión de las parejas en general, y en última instancia de las mujeres, dentro de los límites establecidos.
  • En diciembre de 2011 la OMS expuso las conclusiones del estudio: “Aborto a nivel mundial. Una década de progreso desigual” realizado en colaboración con el Guttmacher Institute en el que concluían que los países que tienen legislaciones más restrictivas o que prohíben el aborto cuentan con cifras mayores de IVE que aquellos que la regulan como un derecho a la salud sexual y reproductiva.  Este mismo informe alertaba de la ralentización en el descenso de las cifras de IVE que atribuyen a los retrocesos en políticas de educación en salud sexual y reproductiva. Disminuye el número total de IVE, pero alertan del incremento de las realizadas en condiciones inseguras, de un 41% en 1995 a un 49% en 2008.
  • Defendemos una maternidad/paternidad responsables. Creemos que niñas y niños tienen derecho a venir a este mundo siendo deseados, queridos, con garantías de que podrán ser cuidados y educados como merecen y como resultado de una decisión libre y responsable.

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Voto femenino en España. Discurso de Clara Campoamor

Discurso de Clara Campoamor ante las Cortes el 1 de octubre de 1931

Señores diputados: lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Kent, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, en alguna forma, la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos.

Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿Que cuándo las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos?

Primero: ¿y por qué no los hombres?

Segundo: ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo, con motivo del desastre de Annual, más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres?

¡Las mujeres! ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? ¿No sufren éstas las consecuencias de la legislación?  ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de República, para demostrar su capacidad? Sigue leyendo

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El cierre de 32 oficinas deja sin asistencia a seis mil víctimas de malos tratos

El Consell dice que no hay problema porque pueden acudir a las dependencias de las grandes ciudades


Comunitat Valenciana

RAMÓN FERRANDO VALENCIA

El cierre de 32 oficinas de ayudas a víctimas del delito en la Comunitat Valencia va a dejar desasistidas a 6.000 maltratadas cada año, según lamentan los trabajadores de los centros. Las oficinas prestan ayuda a las maltratadas para entrar en centros de acogida, les informan de que el procedimiento irá más rápido si denuncian ante la Guardia Civil o la policía que si acuden al juzgado y colaboran con ellas para conseguir prestaciones. El recorte de oficinas afecta a poblaciones como Xàtiva, Ontinyent, Sagunt, Nules o Elda. El Consell asegura que no hay problema porque las maltratadas pueden acudir a las grandes ciudades donde se mantiene el servicio.

Los trabajadores despedidos, abogados que cobraban mil euros por 37 horas y media de trabajo a la semana, tienen claro que desde el cierre hay maltratadas de primera y de segunda. “Las víctimas de las zonas rurales no tienen la misma protección que las de Valencia. Es fundamental informar a una víctima de malos tratos de qué recursos dispone. Muchas mujeres no tiran para adelante con la denuncia porque cuando llegan al juzgado se sienten desamparadas”, apuntó uno de los exempleados. Las víctimas continúan llamando por teléfono a algunos de los letrados afectados por el recorte porque se sienten indefensas. Sigue leyendo

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Violaciones como arma de guerra en Birmania

Miembros del ejército de Birmania violan en forma sistemática a mujeres y niñas para someter a las minorías étnicas rebeldes, denuncian activistas.

15.12.2011 · IPS · Preethi Nallu Bangkok, Birmania)

El último conflicto entre el insurgente Ejército para la Independencia de Kachin (KIA), en el norte, y las fuerzas de seguridad de la dictadura birmana –que ahora dio paso a un gobierno nominalmente civil pero bajo supervisión militar– revela un propagado uso de las violaciones como arma de guerra.

La Asociación de Mujeres Kachin de Tailandia (KWAT) reportó que al menos 37 mujeres fueron violadas por soldados entre junio y julio, cuando comenzaron los últimos combates.

Organizaciones por los derechos de las mujeres que trabajan a lo largo de la frontera con Tailandia documentaron 81 casos de violaciones a mujeres y niñas, 36 de las cuales fueron asesinadas, en ocho meses de enfrentamientos entre el ejército birmano y fuerzas insurgentes de grupos étnicos.

Este lunes 12, el presidente Thein Sein ordenó suspender los ataques a los rebeldes en el norte, con el objetivo de buscar una solución política al conflicto.

Mientras, en la última década, la Liga de Mujeres de Birmania, que reúne a varios grupos no gubernamentales, documentó cientos de casos, mostrando que las violaciones no eran simples consecuencias del caos de la guerra, sino una estrategia deliberada de los militares.

“Al mirar a la naturaleza de las violaciones y el agravamiento de la situación durante el conflicto, podemos decir con confianza que los militares están precisamente usando la violación como un arma de guerra contra las mujeres”, dijo a IPS la fundadora de KWAT, Shirley Seng. Sigue leyendo

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Una indígena violada por soldados ayudará a evitar nuevas agresiones

Valentina Rosendo, después de ganar la denuncia contra el Estado mexicano, quiere evitar que otras sufran como ella

Por Diana Amador
Martes, 05 de octubre de 2010 a las 10:16

Valentina Rosendo tenía 17 años cuando fue violada por soldados (Cuartoscuro). Lo más importante

  • Valentina quiere estudiar enfermería y regresar a su pueblo Ayutla de los Libres

  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que militares fueron responsables del ataque contra las dos indígenas


CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — El día en que la vida “feliz” de Valentina Rosendo terminó “hecha pedazos” tiene una fecha exacta: febrero de 2002, cuando unos soldados mexicanos la violaron a ella y a su compañera Inés Fernández en Ayutla de los Libres, Guerrero. Pese a todo, Valentina asegura que “ya se levantó” y que ahora quiere luchar por ayudar a las mujeres que han sufrido como ella.

Ambas fueron agredidas luego de que se negaran a señalar a los hombres de la comunidad acusados de pertenecer a la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de Guerrero, en el suroeste de México. “Pudo ser cualquier mujer, pero esa vez me tocó a mí porque estaba lavando cerca del camino”, relata Valentina, de 25 años.

El gobierno mexicano la llamó “mentirosa”, según cuenta, en su pueblo le dicen que “no sirve” como mujer porque fue objeto de una violación. Su esposo la golpeó varias veces y luego la abandonó, pero hasta hoy reconoce el valor que hay en sí misma, “que nadie nunca debió hacerme daño, ni mi esposo. Y ahora sé que nadie nunca más lo va a hacer”.

Ocho años tuvo que esperar Valentina Rosendo para que se supiera la verdad, que fueron soldados quienes la violaron igual que a su compañera de la comunidad Me’phaa, Inés Fernández.

El juzgado militar, encargado del caso, aseguraba que no fueron soldados los responsables y que todo era una farsa para sacar de la región a los militares, pues Valentina, Inés y su comunidad se dedicaban a la siembra de estupefacientes y se tenían sospechas de presencia guerrillera.

Su hija, de nueve años, le dio la “fuerza y el valor” para seguir con la denuncia que, al no encontrar respuesta con las autoridades locales, tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con la ayuda del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Bajo las amenazas

La niña le pregunta todos los días si podrán regresar alguna vez a su pueblo Ayutla de los Libres donde, según relata a CNNMéxico, no tienen que pagar agua, luz y renta. Valentina tiene que responderle que no, que las amenazas en su contra le impiden regresar ahora, pero que algún día lo harán.

“Ella me pregunta por qué a nosotros nos tiene que pasar. Me pregunta si es por culpa de los hombres malos y le digo que sí, pero que un día vamos a recuperarlo todo”, cuenta Valentina, satisfecha porque la CoIDH le dio la razón.

El pasado viernes, el proceso judicial derivó finalmente en las dos sentencias emitidas por la CoIDH contra el Estado mexicano por violar los derechos a la integridad personal, dignidad, vida privada de las dos mujeres indígenas, por lo que ordenó al Estado garantizar que las investigaciones se mantengan “bajo conocimiento de la jurisdicción ordinaria“, así como castigar a los responsables.

En el caso de Valentina Rosendo, el tribunal estableció en total 100,500 dólares las indemnizaciones por daño material, daño inmaterial y costos del proceso, mientras la cifra ascendió a 128,000 dólares en el caso de Fernández Ortega.

En el camino, “buscando la justicia que México les negó”, Valentina perdió a su familia que no quiso acompañarla en su viaje fuera de Guerrero, el respeto de sus compañeros que la despreciaban por haber sido violada y “usada por los guachos”, a su esposo y su medio de vida en el campo.

Ahora vive en una ciudad, de la que no da más detalles por su seguridad, y se siente “encarcelada” lejos de todo lo que quiere. “Ni a mí ni a mi hija nos gusta, este no es nuestro lugar, no pertenecemos a aquí”, detalla.

Una ayuda para otras mujeres

Valentina es encargada de una tienda de abarrotes y vive con la ayuda económica que le dan distintas organizaciones sociales, pero el dinero y el beneficio económico de la sentencia no le interesan. Lo que quiere es terminar de estudiar la secundaria y después convertirse en enfermera para volver a Ayutla y ayudar a otras mujeres.

Ella sabe que muchas mujeres, no podría calcular cuántas, han sufrido violaciones por parte del Ejército. Ahora usará su ejemplo para animarlas a denunciar. “Mi caso tiene que ayudar a muchas más. Vamos a seguir hasta que esto no vuelva a suceder”.

Como parte de la sentencia, el Estado deberá ofrecer disculpas públicas y admitir su responsabilidad; otorgar becas de estudio a las víctimas y sus hijos, asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia sexual “sean proporcionados por las instituciones indicadas”, entre otras cosas.

La mexicana que fue violada cuando era menor de edad, admite entre sonrisas que ya quiere escuchar esa disculpa.

“Un día nos dijo el gobierno que somos mujeres mentirosas. Ahora nos toca decir que el gobierno es mentiroso. Y que lo digan en mi comunidad, para que la gente sepa que siempre dije la verdad”.

CNN. México

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La presidenta de Liberia dedica su Nobel de la Paz a la mujer

Ellen Johnson Sirleaf recoge el galardón junto a Leymah Roberta Gbowee y la yemení Tawakkol Karman, premiadas por su contribución a la igualdad de género

EFE OSLO 10/12/2011 14:23 Actualizado: 10/12/2011 15:00

Las tres galardonadas, Tawakul Karman, Leymah Gbowee y Ellen Johnson-Sirleaf de izquierda a derecha.-REUTERS/Cornelius Poppe/Scanpix

La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha dedicado a todas las mujeres del mundo el premio Nobel de la Paz 2011, del que se le ha hecho entrega.

“En especial a las que han visto qué desastres produce la violencia despiadada”, ha dicho Johnson Sirleaf, que también ha recordado a todas las mujeres han ganado el premio antes y a aquellas “que con su lucha privada y silenciosa ayudaron a formar nuestro mundo”.

“No tengáis miedo de condenar la injusticia, aunque estéis en minoría. No tengáis miedo de buscar la paz, aunque habléis con una voz débil. No tengáis miedo de exigir la paz”, dijo la presidenta de Liberia en la ceremonia de entrega que se celebraba en el ayuntamiento de Oslo.

Johnson Sirleaf comparte el premio con su compatriota Leymah Roberta Gbowee y la yemení Tawakkol Karman, distinguidas todas “por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y sus derechos a una participación plena en el trabajo de construcción de la paz”, según el fallo del Comité Nobel noruego.

La designación de Johnson Sirleaf ha estado rodeada de polémica

El Nobel de la Paz debe servir como plataforma a todas sus “hermanas”, sin importar nacionalidad, religión o raza, ha dicho Johnson Sirleaf, que ha mostrado su “esperanza” y “optimismo” por el futuro, pese a recordar que en muchas partes del mundo hay crímenes contra las mujeres de los que no se habla y advertir que no puede haber paz ni democracia duradera que no ofrezca las mismas oportunidades para hombres y mujeres.

Johnson Sirleaf, de 72 años, accedió al poder tras ganar las elecciones de noviembre de 2005, convirtiéndose en la primera presidenta africana elegida de forma democrática y desde ese puesto “ha contribuido a asegurar la paz en Liberia, promover el desarrollo económico y social y reforzar la posición de las mujeres”.

La designación de Johnson Sirleaf ha estado rodeada de polémica, ya que fue hecha pública días antes de que se celebraran los comicios en Liberia, en los que la oposición, que promovió un boicot, la acusó de fraude tras lograr su segundo mandato.

Público.es

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Francia debate penas de dos meses de cárcel a los clientes de prostitutas

El Parlamento declara como objetivo la abolición del comercio sexual

Mientras en materia de economía Francia aboga por la convergencia con Alemania, en lo que se refiere a la prostitución se aleja de su modelo de práctica reglamentada, para dirigirse hacia el ejemplo sueco de penalización del cliente. La Asamblea Nacional votó esta semana una resolución de principios, simbólica, en la que reafirma la “postura abolicionista” de Francia, donde la prostitución hoy no es delito. El Parlamento prevé además examinar, en una fecha aún por determinar, un proyecto de ley que contempla castigar a los clientes con hasta dos meses de cárcel.

    20.000 personas ejercen la prostitución en el país, el 85% mujeres

La resolución, presentada por todos los grupos en el Parlamento, reafirma la “postura abolicionista de Francia, cuyo objetivo es, a largo plazo, una sociedad sin prostitución”. Considera que “la noción de necesidad sexual irreprimible reenvía a una concepción arcaica de la sexualidad” y estima que, dada la “violencia inherente a esta actividad”, la práctica no puede “ser asimilada a una actividad profesional”. Recuerda que “las personas que se prostituyen son en su gran mayoría víctimas de explotación sexual”.

Reafirmada la postura, la diputada socialista Danielle Bousquet y Guy Geoffrey, del partido conservador actualmente en el Gobierno -UMP- presentaron a continuación una propuesta de ley de mucho más calado. El texto prevé penalizar al cliente, como ocurre en Suecia desde 1999, un modelo seguido desde entonces por Islandia y Noruega. Quienes soliciten los servicios de una prostituta se enfrentarían así a una pena de dos meses de cárcel y a una multa de 3.750 euros. Pero la propuesta tiene pocas posibilidades de ser examinada durante la legislatura actual, que finaliza con los comicios legislativos de junio de 2012.

El Ministerio del Interior estima que en Francia unas 20.000 personas ejercen la prostitución; el 85% son mujeres, mientras que la gran mayoría de los clientes son hombres. El texto recuerda que en 1990, el 20% de las prostitutas eran francesas. Hoy cerca del 90% son extranjeras, en su mayoría de Rumania, Bulgaria, Nigeria y China, captadas por las mafias. Actualmente, la prostitución no está penalizada, pero recurrir a ella en caso de menores o de una persona que presente una vulnerabilidad particular sí lo es y se castiga con tres años de cárcel y 45.000 euros de multa.

Aunque el consenso es total en lo referente al veto -no tanto en el tema de la penalización del cliente, donde se han alzado voces contrarias en todos los partidos-, en la sociedad la postura abolicionista sigue siendo un asunto controvertido. Entre los intelectuales, la feminista Elisabeth Badinter considera, en declaraciones a Le Monde, que “si una mujer desea ganar en tres días lo que otras ganan en un mes como cajeras en un supermercado, es su derecho”, si lo hace por voluntad propia.

En ese sentido se pronuncian también el Sindicato del Trabajo del Sexo (Strass) y la asociación de lucha contra el sida Act Up, que reunieron a varias decenas de manifestantes a las puertas de la Asamblea Nacional. Al adoptar esta resolución, se excluye “un poco más” a los seres humanos que se prostituyen, que “no son incapacitados sociales y que son ciudadanos por completo”, explica el colectivo liderado por estas asociaciones en una carta remitida a los diputados antes de la votación. En cuanto a la penalización del cliente, considera que “llevará inevitablemente al aislamiento y la clandestinidad y levantará un obstáculo adicional al acceso tanto a las estructuras médicas, de previsión y de diagnóstico como a las acciones de las asociaciones sanitarias comunitarias, de prevención y de lucha contra el VIH”.

Para la asociación feminista Osez le feminisme, favorable a la abolición, la responsabilización del cliente va por el buen camino, pero es solo un principio. “Disuadir al cliente de la prostitución, con una multa o una pena ligera, es inscribir en la ley y en las mentalidades que las mujeres, los cuerpos y las relaciones sexuales no son mercancías”, explica. Reclama la creación de módulos educativos desde las escuelas primarias y las universidades y, sobre todo, la eliminación del delito de captación de clientes instaurado en 2003 por el entonces ministro del Interior y ahora presidente, Nicolas Sarkozy.

En efecto, aunque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el cierre de los burdeles la prostitución es considerada una actividad privada y no delito, desde 2003, la captación de clientes en plena calle, incluso “pasiva”, es considerada ilegal. El texto, conocido como ley Sarkozy y justificado por motivos de seguridad pública, provocó la ira de asociaciones y de los partidos de izquierdas, que denuncian la culpabilización de las prostitutas frente a los clientes. La pena prevista es precisamente la misma que propone ahora el proyecto de penalización de los clientes: dos meses de cárcel y 3.750 de multa.

ANA TERUEL – París – 10/12/2011

Elpais.com

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Igualdad de la mujer

Comenzaré este breve relato hablando de un tema tan espinoso y polémico como es el aborto. Cuando una mujer se encuentra ante la tesitura de abortar o no, tiene que tener la posibilidad de poder tomar sus propias decisiones, porque antes de llegar a eso, son muchas las cosas que en su conjunto acontecen, y sería aconsejable decirles a todas que trabajen para que se liberen de la cadena con la que están atadas socialmente, y mejor sería si le ayudáramos los hombres.

Lo que hay que debatir  y solucionar además del tema del aborto, es lo que subyace bajo éste, junto a la violencia dentro de la familia, los asesinatos a mujeres, los asesinatos y maltrato a las personas “homosexuales”, la prostitución infantil, la trata  de blancas, etc. Esto es, derribar los pilares que sostienen éstos hechos sociales tan graves.

La mujer vive sumergida, inerme, vulnerable, bajo la opresión de una sociedad que históricamente siempre le ha negado la igualdad con el hombre, hasta el punto de tener perdida la personalidad para tomar una decisión sobre su cuerpo y de cómo quisiera que fuera para ella la vida.

El mundo en el que vivimos es puramente masculino. La mujer ha estado siempre subyugada por el hombre desde el principio de los tiempos y lo sigue estando, aunque la mujer moderna es diferente, es más reivindicativa exigiendo la igualdad en un mundo desigual, competitiva a la hora de optar por un puesto de trabajo, demostrando ser igual o más productiva que el hombre, cosa que éste no entiende (o no quiere entender). Además la mujer se responsabiliza del cuidado de los hijos, de su educación. También se prepara, estudia y espera ascensos y se esfuerza por conseguirlos. La vida se convierte para ella en una dura y permanente batalla en la que  lucha sin esperar ninguna recompensa. Sigue leyendo

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