El cierre de 32 oficinas deja sin asistencia a seis mil víctimas de malos tratos

El Consell dice que no hay problema porque pueden acudir a las dependencias de las grandes ciudades


Comunitat Valenciana

RAMÓN FERRANDO VALENCIA

El cierre de 32 oficinas de ayudas a víctimas del delito en la Comunitat Valencia va a dejar desasistidas a 6.000 maltratadas cada año, según lamentan los trabajadores de los centros. Las oficinas prestan ayuda a las maltratadas para entrar en centros de acogida, les informan de que el procedimiento irá más rápido si denuncian ante la Guardia Civil o la policía que si acuden al juzgado y colaboran con ellas para conseguir prestaciones. El recorte de oficinas afecta a poblaciones como Xàtiva, Ontinyent, Sagunt, Nules o Elda. El Consell asegura que no hay problema porque las maltratadas pueden acudir a las grandes ciudades donde se mantiene el servicio.

Los trabajadores despedidos, abogados que cobraban mil euros por 37 horas y media de trabajo a la semana, tienen claro que desde el cierre hay maltratadas de primera y de segunda. «Las víctimas de las zonas rurales no tienen la misma protección que las de Valencia. Es fundamental informar a una víctima de malos tratos de qué recursos dispone. Muchas mujeres no tiran para adelante con la denuncia porque cuando llegan al juzgado se sienten desamparadas», apuntó uno de los exempleados. Las víctimas continúan llamando por teléfono a algunos de los letrados afectados por el recorte porque se sienten indefensas.

En la Comunitat Valenciana había 48 oficinas de ayuda a víctimas del delito. Las primeras abrieron en 2004 para cumplir una ley estatal que establece que debe haber al menos una oficina en cada partido judicial, según los afectados por los despidos. El recorte se inició el 1 de enero con un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la Conselleria de Justicia y Bienestar Social ya que la fundación Favide depende de la Generalitat. El ERE, según el Consell, afectó a treinta y tres profesionales (entre ellos veinte abogados).

Trece trabajadores despedidos se han unido para impugnar el ERE y exigir una indemnización por despido improcedente. El bufete Amorós, despacho de Valencia que ha canalizado las denuncias, fundamenta la impugnación del ERE en que el criterio de cierre de oficinas no garantiza la protección de las víctimas y en que hubo una «cesión ilegal de trabajadores porque debían haber sido contratados por la Generalitat en vez de por Favide».

El resto de abogados que no han sido despedidos han sufrido una reducción de su salario del 40 % por lo que cobran seiscientos euros por un mes de trabajo.

En Valencia solo han quedado seis oficinas que están en Alzira, Requena, Gandia, Paterna, Torrent y la Ciudad de la Justicia. En Alicante se han mantenido las dependencias de la capital, Benidorm, Alcoi, Dénia, Orihuela y Cartagena y Torrevieja. En Castelló continúan abiertas las de Vinaròs, Vila-real y la capital.

«Desde Paterna a Ademuz sin asistencia»
Los trabajadores de las oficinas lamentan que hay grandes zonas de Valencia que se han quedado sin servicio. «Desde Paterna a Ademuz no han dejado ni una oficina. La última está en Paterna. Es absurdo pensar que las maltratadas se van a desplazar decenas de kilómetros para obtener ayuda», lamentaron. Entre el 60% y 70% de los casos que tramitan las oficinas son de victimas de malos tratos. En el primer semestre del año 2011 el servicio prestó ayuda a 11.000 víctimas de delitos.

Fuente:

Levante-EMV.com

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